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La tormenta perfecta para los arrendadores, ¡novedades en el alquiler!

Vienen cambios en el sector inmobiliario y no para bien.

Ante una situación ya de por si difícil, como la provocada por la crisis económica derivada del COVID19 y las limitaciones comerciales decretadas por el gobierno, se va a sumar una serie de cambios normativos que van a limitar la rentabilidad de los inmuebles en alquiler.

Llueve sobre mojado, ya que a lo largo del pasado 2020 se produjeron las siguientes novedades:

  • Incremento de los IBI´s en gran parte de los municipios españoles, incluyendo la ciudad de Valencia.
  • Medidas de choque por la situación derivada del COVID, que incluía en determinados supuestos, quitas del 50% en la renta de los inquilinos o aplazamiento de las mismas, así como prórroga de los contratos de alquiler.
  • Medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 37/2020 del 22 de diciembre, donde se protegen los supuestos derechos de los «ocupas», prohibiendo los desahucios en caso de que estos aleguen no tener una alternativa ocupacional. Todo esto como medida extraordinaria por la situación del COVID19.

Ahora y no satisfechos con el daño que han sufrido los arrendadores a lo largo de los últimos dos años, el Gobierno está preparando un borrador sobre la nueva Ley de Vivienda, que está previsto que sea aprobada a finales de este mes de febrero.

En esta nueva ley que está ahora en proceso de negociación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, se están abordando las siguientes cuestiones:

  • Limitación del precio del alquiler de vivienda en «zonas urbana de mercado tensionado». Se está planteando que sean los ayuntamientos los que decidan a su discreción, cuales serían esas zonas. Se desarrollará para esto un «Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda».
  • Cesión obligatoria del 30% de las viviendas a la administración, para que la destinen al parque público de vivienda social. Esta medida se aplicaría a los grandes tenedores de vivienda, es decir, a aquellas personas físicas o jurídicas que tengas 10 o más viviendas en propiedad o disfrute.
  • Creación de un nuevo impuesto que grave las viviendas que lleven más de 1 año sin estar ocupadas, sea por sus propietarios o por inquilinos.
  • Nuevas medidas anti desahucios para proteger los «derechos» de los «ocupas».

Aunque aún es pronto para saber si finalmente estas medidas saldrán adelante y cual será su desarrollo final, las perspectivas para los arrendadores no son halagüeñas.

Como tampoco lo son para el conjunto de la economía, ya que retorcer de tal forma los principios del libre mercado y fomentar la inseguridad jurídica, sólo van a provocar resultados negativos:

  • Fuga de capitales al extranjero
  • Mercado negro en zonas de precios limitados
  • Abandono y deterioro de los inmuebles
  • Acceso opaco a la vivienda social
  • Empleo de la violencia para la expulsión de los ocupas
  • Desincentivo del ahorro y del trabajo

En Fincas Turia consideramos que para reactivar el mercado inmobiliario habría que realizar una política diametralmente opuesta a la que se está planteando.

Si se hiciese más atractiva la inversión inmobiliaria, esto redundaría de forma lógica en una mayor oferta, y por lo tanto en precios más asequibles. Y esto sucedería sin prohibiciones, impuestos abusivos, confiscación de inmuebles o conflictividad social.

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JLSS1986

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